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El Fiscal General anuncia investigaciones por delitos electorales

El fiscal general Néstor Humberto Martínez revela este jueves los nombres de las personas que serán investigadas por haber cometido delitos electorales durante los comicios que se han adelantado este 2018. De hecho se habría encontrado más de 2.000 intermediarios organizados para favorecer candidaturas al Congreso.

Martínez dijo que el primer resultado tiene que ver con la operación Casa Blanca, que fue “una verdadera empresa criminal” y que operó no solo para beneficiar a la senadora electa Aída Merlano sino también a otros candidatos.

De acuerdo con el fiscal, en esta segunda fase de investigación se revisaron 2.112 horas de video en la que se descubrió que la organización delictiva operó también en el 2015, en las elecciones regionales, y luego en las legislativas del 2018. De hecho, dijo el fiscal se estaba proyectando para el futuro. En un video en poder de la Fiscalía se escucha decir a uno de los integrantes de la red:”para las próximas campañas vamos a trabajar con sistemas no con las manos”.

Otra de las beneficiarias de esta red era la candidata a la Cámara de Representantes Lilibeth Llinás, a quien también se le imputarán cargos por corrupción.

Entre los dirigentes políticos de la región vinculados a la red se encuentran los diputados Jorge Rangel y Margarita Balén. Así como los concejales y exconcejales Juan Carlos Zamora, Aissar Castro Reyes, Aissar Castro y Vicente Támara. A estos exfuncionarios se les imputarán cargos por concierto para delinquir y corrupción al sufragante. 

La organización contaba con 2.323 líderes locales y barriales que se encargaron de la venta de paquetes de votantes para los candidatos.

La red se financió tanto con recursos públicos como privados. Específicamente, dijo el Fiscal, había contratos de prestación de servicios de beneficiarios que trabajaban para la ‘Casa Blanca’ con el Concejo de Barranquilla.

El dinero de esta campaña pasó de lejos los 900 millones que era el tope para ese proceso. Martínez dijo que se habría incurrido en tráfico de votos y violación al tope de financiación de campañas políticas.Además les serán imputados cargos a particulares que habrían financiado la red, entre ellos Julio Gerlein Echeverría y Mauricio Gerlein Echeverría. 

En un segundo proceso el Fiscal señaló que Sergio Andrés Lora, un ciudadano que fue capturado el día de las pasadas elecciones con 7 millones de pesos en su poder, trabajaba para el senador electo Fabián Castillo.

Esa investigación sigue avanzando, y se le imputarán tres cargos a Lora. También se solicitó imputación de cargos al alcalde de Ciénaga, Edgardo Suárez, y se compulsaron copias para que se investigue a Fabián Castillo.

La Fiscalía también compulsó copias contra la actual representante a la Cámara Margarita Restrepo por Antioquia. En el expediente consta que se habrían ofrecido viajes subsidiados a San Andrés por 120.000 pesos, tablets por 30.000 pesos y televisores por 300.000 pesos , siempre y cuando los votantes se comprometieran a votar por ella en los pasados comicios.

De acuerdo con la Fiscalía, la campaña logró recaudar una suma importante de dinero. Se confirmó que 55 personas viajaron a San Andrés, pero otros no recibieron el pago y denunciaron ante la Fiscalía a la campaña por estafa.

Además de Restrepo, están siendo procesados Alejandro Cuartas Rodas y Elizabeth Jaramillo, funcionarios de la campaña que se encargaron de hacer las ofertas a más de 400 personas.

Hasta el momento han sido capturadas ocho personas entre ellas la electa senadora Aída Merlano Rebolledo.

El ente acusador identificó varias prácticas entre ellas la existencia de organizaciones con líderes locales que ofrecen a políticos los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero. Esa práctica ahora es delito con una pena de entre 4 y 9 años de cárcel.

“Hemos descubierto una verdadera empresa, una organización criminal dedicada a la compra de votos. El país va a quedar escandalizado cuando conozca la dimensión de la corrupción electoral. Nauseabunda”, había afirmado el fiscal general Néstor Humberto Martínez cuando en mayo pasado dijo que se estaba avanzando en las investigaciones.

 

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